19 de febrero 2021 –
por Estefania Medina y Adriana Greaves, cofundadoras de TOJIL México
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Fue indignante la noticia de que un ex gobernador del Estado de Veracruz en México malversó más de 30 millones de dólares, que, por cierto, estaban destinados a programas sociales para mejorar la educación y la salud de la población, y fue condenado a sólo nueve años de prisión con una multa simbólica de menos de 3.000 dólares. Este caso es un ejemplo de la razón de ser de TOJIL, organización que litiga para representar los intereses de las víctimas de la corrupción.
El caso de este ex gobernador, Javier Duarte, ilustra cómo la falta de justicia y la impunidad rampante en México permiten de facto que los funcionarios públicos puedan robar una cantidad exorbitante del erario público, sin verdaderas consecuencias jurídicas, y aun, en el remoto caso de ser sancionado, sin obligación de reparar los daños causados por sus actos de corrupción. Duarte es conocido por ser el lider de una amplia y compleja red de corrupción- que gracias a las investigaciones periodísticas se descubrió que era un amigo cercano a el ex presidente de México Enrique Peña Nieto- utilizada para malversar millones de dólares del erario del estado del que era gobernador.
Debido a las numerosas acusaciones públicas sobre corrupción, Duarte escapó de México en 2016, para después ser detenido en Guatemala, en abril de 2017, y extraditado a México. A pesar de las pruebas sustantivas en su contra, en septiembre de 2018, este negoció un acuerdo con la entonces Procuraduría General de la República, para evitar convenientemente un juicio en su contra por los delitos de asociación delictuosa y operación con recursos de procedencia ilícita conocido como “lavado de dinero”. El resultado de esta negociación fue una aceptación de culpabilidad a cambio de una condena disminuida de 9 años de prisión y una multa de menos de 3.000 dólares, sin compensación alguna para las víctimas derivado de su trama de corrupción.
Un dudoso reconocimiento de culpabilidad
¿Por qué aceptaría la fiscalía un acuerdo de culpabilidad de este tipo? Hay indicios que sugieren que un nuevo acto de corrupción pudo haber sido un factor. Por ejemplo, el entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, sin ninguna explicación, había retirado las acusaciones que alegaban la participación de Duarte en el crimen organizado y como consecuencia, se re clasificó el delito como asociación delictuosa, lo que disminuía sustancialmente la pena mínima en caso de llegar a un acuerdo. Además, el propio Duarte, habría admitido haber llegado a un acuerdo con los fiscales para proteger a su familia, concretamente a su esposa, que en ese momento pretendía impugnar su extradición desde el Reino Unido.
El reconocimiento de culpabilidad se firmó y se ejecutó, por lo que actualmente Duarte se encuentra compurgando su “pena” mínima en un reclusorio federal de la Ciudad de México y el dinero robado sigue en su posesión pues convenientemente no fue obligado a regresarlo. Debido a que la Procuraduría General de la República nunca reconoció a ninguna víctima en el Caso Duarte, no existen partes legitimadas que pudieran impugnar los términos privilegiados bajo los que se llevó a cabo dicho acuerdo o que hubieran podido pedir la reparación de daño.
Con esto en mente, TOJIL presentó una denuncia contra los fiscales federales por la sospecha de que recibieron un soborno de Duarte para acordar términos tan favorables en el reconocimiento de culpabilidad. La organización también ha solicitado ser reconocida como víctima colectiva de la corrupción para este segundo procedimiento penal, en consideración de que el artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) establece que las organizaciones de la sociedad civil deben poder participar en la lucha contra la corrupción, aunado a que el marco legal mexicano también establece que las organizaciones pueden ser reconocidas como víctimas en los procedimientos penales cuando el delito cause un daño colectivo, como sucede en los casos de corrupción.
Sin embargo, como era de esperarse, el Fiscal General negó a TOJIL dicho reconocimiento. En consecuencia, TOJIL impugnó esta decisión ante un juez federal quien apoyo la decisión de la fiscalía. Sin embargo, después de esto, TOJIL obtuvo una resolución histórica a través de un “recurso de amparo” en el que, por primera vez en México, un Juez de Distrito en materia Penal reconoció que una ONG como TOJIL debía ser reconocida como víctima de la corrupción y en consecuencia puede participar activamente en el procedimiento.
En respuesta a esto, el Fiscal General impugnó la resolución ante un tribunal colegiado de última instancia donde la resolución fue revocada por dos de los tres magistrados. El caso está ahora pendiente de ser admitida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este paso al sistema interamericano podría marcar una diferencia significativa en los casos de corrupción, no sólo en México sino también en América Latina como región.
El poder de las víctimas
El papel de las víctimas dentro de los procesos penales ha tomado relevancia en el derecho mexicano desde 2008 pues se han reconocido constitucionalmente los derechos de las víctimas, no solo a estar informados de las investigaciones, si no también a presentar pruebas, impugnar las decisiones de los fiscales o de los jueces y -lo que es más importante- obtener la reparación del daño a través del procedimiento penal. En este sentido, las víctimas tienen casi el mismo poder que el fiscal y el acusado durante el proceso penal, lo que se convierte en una poderosa herramienta contra la impunidad en un país en el que el 98% de los casos siguen sin resolverse.
Lamentablemente, esta poderosa figura no ha tocado los casos de corrupción pues la mayoría de los fiscales y jueces siguen afirmando que la corrupción es un delito sin víctimas, y como resultado muchos de los casos de corrupción siguen sin resolverse y los autores pueden actuar con impunidad y operando sus redes de corrupción. Entonces, ¿Por qué hay una resistencia tan fuerte a reconocer a las víctimas en los casos de corrupción? Esencialmente, porque muchos fiscales y jueces forman parte de esas mismas redes de corrupción y su interés es protegerlas, en lugar de llevar las investigaciones de corrupción ante la justicia.
En TOJIL, estamos trabajando para lograr que las victimas de corrupción tengan un papel protagónico en el combate a través del litigio penal estratégico. Estamos convencidas que si tenemos éxito, podremos cambiar el resultado y el rumbo de las investigaciones de gran corrupción, como el caso Odebrecht, que aún no se ha resuelto en México y que parece tendrá el mismo final que el caso de Duarte, sin pena, sin reparación del daño y sin justicia. El mejor ejemplo de esta poderosa herramienta es el caso emblemático de Teodoro Obiang, apoyado por Sherpa y Transparencia Internacional Francia: después de más de 10 años, se reconoció la legitimación, se dictó sentencia y se recuperaron los bienes robados a Guinea Ecuatorial.