Evento organizado en el marco del Taller Regional sobre Anticorrupción y Derechos Humanos para Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina, organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) y la Global Civil Society Coalition for the UNCAC, y del 197.º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Moderadora: Naomi Roht-Arriaza, Co-Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Víctimas de la Global Civil Society Coalition for the UNCAC y Presidenta, Junta Directiva DPLF
Panelistas:
- María José Veramendi Villa, Oficial de Derechos Humanos y Anticorrupción, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR)
- Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- José Ugaz, Presidente de Proética, capítulo peruano de Transparency International
- Inés Selvood, Coordinadora de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA)
Antecedentes y justificación
En los últimos años se han logrado avances importantes en el reconocimiento de los vínculos entre corrupción y derechos humanos; Varios países de la región han reconocido el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, así como en la necesidad de garantizar que las personas y comunidades afectadas por la corrupción puedan participar en los procesos de justicia y acceder a recursos efectivos. En otros países, se habla de la necesidad de reparación “integral” y de tomar en cuenta los daños a personas afectadas en la recuperación y devolución de activos robados.
En este contexto, resulta importante seguir desarrollando principios y directrices comunes que establezcan condiciones claras para que las organizaciones de la sociedad civil puedan obtener legitimación procesal y participar en procedimientos relacionados con hechos de corrupción, incluida la documentación del daño como sustento de la reparación, contribuyendo así a fortalecer la rendición de cuentas y el acceso a la justicia.
Asimismo, la recuperación de activos ofrece una oportunidad para vincular la lucha contra la corrupción con la reparación del daño y el interés público. Para ello, es necesario avanzar hacia estándares comunes sobre la administración, transparencia y reutilización social de bienes incautados y recuperados, teniendo en cuenta a las personas y comunidades afectadas por la corrupción.
Los mecanismos de derechos humanos del sistema interamericano y de las Naciones Unidas pueden complementar los esfuerzos nacionales, proporcionando espacios adicionales para visibilizar casos y patrones, fortalecer la rendición de cuentas y promover medidas de protección, justicia y reparación.
El evento reunirá experiencias y perspectivas de América Latina para explorar cómo estos avances pueden traducirse en principios, estándares y prácticas más coherentes, fortaleciendo la participación de la sociedad civil y de las personas afectadas por la corrupción. Asimismo, busca entablar un diálogo e identificar vías concretas para avanzar estos temas junto con organizaciones de sociedad civil y estados que enfrentan los problemas de corrupción y economías ilícitas desde su trabajo sobre derechos humanos, medio ambiente, pueblos indígenas u otros.
Objetivos:
El evento busca:
- Promover una mayor participación de las personas afectadas y de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos relacionados con la corrupción.
- Intercambiar experiencias e ideas sobre principios y directrices para la legitimación procesal y participación de la sociedad civil y víctimas en procedimientos contra la corrupción.
- Explorar estándares para una administración transparente y reutilización social de bienes recuperados, vinculados con la reparación y el interés público.
- Examinar cómo los mecanismos de derechos humanos interamericanos y de la ONU pueden complementar los esfuerzos nacionales de rendición de cuentas y acceso a la justicia.
- Identificar oportunidades para fortalecer la cooperación regional y avanzar en principios y estándares comunes.
Preguntas orientadoras:
- ¿Qué principios y prácticas, incluidas metodologías y conocimiento generado para documentar el daño, pueden fortalecer la participación y legitimación procesal de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas afectadas por la corrupción en procesos administrativos, civiles y penales?
- ¿Qué estándares comunes deberían orientar la administración y reutilización social de bienes recuperados para garantizar transparencia, interés público y reparación?
- ¿Cómo pueden los mecanismos regionales y de derechos humanos de la ONU complementar los esfuerzos nacionales para avanzar en justicia, rendición de cuentas y reparación?
